Posteado por: javierposada | 3 noviembre, 2009

Vale la pena!

En el día de ayer el diario “El Comunicador” publicó una nota relacionada con la actividad de los concejales de nuestro municipio. En la misma, se hacía referencia a las dificultades para elegirse, los compromisos que se asumían, el ejercicio de su actividad, los bajos ingresos salariales que recibían, etc.
Esta fue una gran nota, desnudó la fragilidad de los procesos electorales locales. De igual forma develó el autor la coincidencia de lo que ocurre en nuestro terruño con el resto del país e incluso con la mayoría de las democracias latinoamericanas.

Extrapolando el análisis de la nota a la política nacional, deberíamos analizar si realmente vale la pena participar en política en nuestro país. Efectivamente, si revisamos las candidaturas a Cámara de Representantes, a Senado, debemos concluir que éstas implican enormes sacrificios a los candidatos. Recorren nuestra geografía-con las dificultades que ello incluye- conquistando la simpatía y el apoyo de los ciudadanos. Para ello se acuden en muchas ocasiones a prácticas clientelistas, intercambio de votos por prebendas, inversión de sumas importantes de dinero, adquisición de compromisos algunas veces inconfesables, estigmatización social, etc.
Sumando todo esto, aunado a lo que los economistas denominarían “nivel de riesgo de la inversión” y confrontándolo con los ingresos salariales de los congresistas, deberíamos concluir que no tiene sentido estas aspiraciones.
Sin embargo, en la política no siempre funcionan las frías matemáticas, todos sabemos que lo fundamental del ejercicio político es la conquista del poder. El poder no se refleja directamente en ingresos económicos. Pablo Escobar, por ejemplo, cuando aspiró a la Cámara de Representantes, estaba pensando en todo, menos en el salario que podría cobrar a finales de cada mes. El poder es la posibilidad real, efectiva, de influir, participar y dirigir acciones de gobierno. Estas acciones de gobierno, a su vez encierran enormes consecuencias de todo tipo, entre las cuales pueden incluirse las económicas.
Así pues, reflexionando sobre todo esto, reformulamos la pregunta planteada ayer en nuestro periódico y nos preguntamos: ¿vale la pena hacer política en nuestro país a pesar de tantas dificultades? ¿Vale la pena luchar contra todas las fuerzas que oprimen, que enquistados en el poder obstruyen los procesos renovadores? ¿Vale la pena arriesgar todo, para lograr los espacios que permitan la expresión de propuestas serias, estructuradas, que desafían el “statu quo” en el que vivimos? ¿Vale la pena que los ciudadanos del común acudan a votar conscientemente, a sabiendas que un altísimo porcentaje de electores votan sólo por prebendas y componendas?
La respuesta a todos esos interrogantes es un SÍ mayúsculo. Claro que vale la pena! Claro que tenemos que desafiar las dificultades. Claro que tenemos que promover y apoyar procesos renovadores, limpios, transparentes. Claro que tenemos que asumir cualquier riesgo para alcanzar el noble propósito de cambiar la realidad deprimente en la que se encuentran la mayoría de nuestros semejantes. Y, finalmente, Claro que vale la pena que ciudadanos probos ejerzan responsablemente su derecho a expresarse a través del voto. Hacer política, participar en política, es un deber para todos aquellos que soñamos con una realidad distinta para nuestra sociedad.
Ahora bien, lo importante de todo esto es apuntarle a una transformación en el ejercicio de la política. Los Bolivarenses tenemos que pasar de la “política del sancocho” a la “política de las propuestas”. Debemos que superar los “discursos promeseros” y aterrizar en “propuestas de desarrollo coherentes y ambiciosas”. Finalmente, tenemos que suprimir la “política al menudeo”, esa política clientelista e individualista para consolidar verdaderos “pactos ciudadanos”, cargados de mucha responsabilidad política.
Entre tanto, se acaba el período permitido para el denominado “trasfuguismo constitucional” que permite el cambio de partidos políticos a los miembros de las corporaciones públicas. Sin lugar a dudas éste período aprobado transitoriamente en nuestra constitución es una afrenta a los electores que habían votado por un partido determinado, y de la noche a la mañana su elegido traiciona “legítimamente” el respaldo popular que había recibido y de contera la “credencial” que ese partido había obtenido.

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